miércoles 17 de octubre de 2018 - Edición Nº1395
REPUBLIK | Noticias de la cosa pública » Campo » 19 jul 2018

Sector Agropecuario

A diez años del “voto no positivo” de Cobos, el oficialismo brilla por su ausencia en lo agropecuario

El 17 de julio de 2008 fue una fecha bisagra para el kirchnerismo, en la que sufrió un duro revés en el Congreso Nacional. Ese día, y tras cuatro meses de una intensa disputa que partió al país en dos, el oficialismo llevó al Congreso Nacional un proyecto de Ley – la famosa Resolución 125- para discutir las retenciones móviles a la soja.


(www.REPUBLIK.com.ar) El 17 de julio de 2008 fue una fecha bisagra para el kirchnerismo, en la que sufrió un duro revés en el Congreso Nacional. Ese día, y tras cuatro meses de una intensa disputa que partió al país en dos, el oficialismo llevó al Congreso Nacional un proyecto de Ley – la famosa Resolución 125- para discutir las retenciones móviles a la soja.

La iniciativa fue aprobada en Diputados, y después de una maratónica sesión, en la cámara alta llegó la instancia definitiva. Tras un reñido empate, la pelota quedó en poder del entonces vicepresidente Julio Cleto Cobos, que definió la contienda con el famoso voto “no positivo”.

El efecto más notorio de este triunfo legislativo de la oposición fue hacer más visible a ese vasto universo denominado campo. En esos agitados días, los nombres de Mario Llambíás (CRA), Eduardo Buzzi(Federación Agraria), Luciano Miguens (Sociedad Rural Argentina) y Carlos Garetto (CONINAGRO) brillaban con luz propia en todos los medios de comunicación argentinos.

A diez años del voto “no positivo” de Cobos, si algo quedó claro es que la oposición no supo capitalizar esa situación, que fue el primer golpe fuerte que recibió la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una vez superada la adrenalina de esos cuatro meses de cortes de rutas y asambleas, la mesa estaba servida para generar un espacio sólido en el Congreso Nacional y de esa manera generar leyes para impulsar la agroindustria argentina.

Por la legislatura desfilaron nombres de peso vinculados al sector agropecuario, como el caso del radical Ricardo Buryaile. Después de su labor legislativa, en 2016 fue designado ministro de Agroindustria, hasta su reemplazo por el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.

Durante su campaña electoral, y después en el poder, Cambiemos siempre enarboló un discurso seductor hacia la cadena de valor agropecuaria. Pero la realidad indica que si bien tomaron algunas medidas de corte macroeconómico –como la quita de retenciones a trigo, maíz, girasol y la baja gradual en soja- y otras de más perfil técnico, no existe desde el ámbito legislativo un trabajo sostenido que acompañe estas intenciones.

A diez años de ese triunfo en las narices del kirchnerismo, los legisladores oficialistas no aprovecharon aquella inmejorable chance. Consumado el triunfo electoral de 2015, desde entonces han desperdiciado la oportunidad de sentar un precedente en materia de legislación agropecuaria. Un repaso por la actividad parlamentaria vinculada a este sector permite sostener esta afirmación.

En la legislatura nacional, durante 2018 no se aprobó un solo proyecto de ley vinculado al campo. La legislación agropecuaria no figura en el listado de prioridades para el oficialismo, a pesar de  que Cambiemos contabiliza en su haber la presidencia de las dos comisiones agropecuarias. Al frente de ese espacio en Diputados y Senadores se encuentran Atilio Benedetti y Alfredo De Ángeli respectivamente.

En 2017, el Congreso nacional sancionó 75 leyes, de las cuales solo dos pertenecían al sector agropecuario, pero fueron para aliviar situaciones puntuales: Emergencia para productores de peras y manzanas y para provincias afectadas por exceso de lluvias. En este contexto, la actividad de las comisiones de Agricultura fue anémica. En Diputados se llamó a los legisladores a ocho encuentros, de los cuales solo se obtuvo quórum en dos, mientras que en Senadores la actividad se limitó a reuniones informativas, sin dictámenes y sin considerar proyectos de ley.

 Además, en mesa de entradas ingresaron durante ese año unos 100 proyectos a esta comisión, pero se trataron aproximadamente la mitad y en ningún caso se registró un avance significativo. Muy poco para un Gobierno que dice estar a favor del sector agropecuario. Si nos situamos en 2016, el balance es levemente superior. Ese año se trataron leyes de mayor peso, como la de disposición final de envases de fitosanitarios y la media sanción de humedales.

En el transcurso de 2018, en materia de política agropecuaria sólo se aprobó un dictamen, para modificar las multas de la Ley de Envases Sanitarios. De cara a un 2019 que se perfila caliente en relación al armado electoral para las elecciones presidenciales, la agenda de temas que deben tratar los legisladores es extensa, y sobresalen temas como la Ley de Semillas, un reclamo de larga data por parte de toda la cadena agroindustrial.

“En los años impares baja la actividad legislativa”, dicen quienes transitan a diario los pasillos del poder. En este sentido, 2019 no será la excepción, y todo parece indicar que el presente año se  perfila muy pobre en materia de agrolegislación. Habrá que esperar hasta 2020. (19/07/2018)

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