domingo 21 de julio de 2019 - Edición Nº1672
REPUBLIK | Noticias de la cosa pública » Nacionales » 26 feb 2015

La verdad con nombres y apellidos

Quién controla la Justicia Electoral

(www.REPUBLIK.com.ar) - La Cámara Nacional Electoral pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se pronuncie” sobre la legalidad o no de que jueces subrogantes actúen en el fuero electoral de seis provincias, una de ellas Buenos Aires, y establezca “una solución definitiva” a ese problema “de gravedad institucional”.


(www.REPUBLIK.com.ar) - La Cámara Nacional Electoral pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se pronuncie” sobre la legalidad o no de que jueces subrogantes actúen en el fuero electoral de seis provincias, una de ellas Buenos Aires, y establezca “una solución definitiva” a ese problema “de gravedad institucional”.

Es público y notorio el embate de sectores no oficialistas en cuestionar absolutamente todas las decisiones, aún meramente coyunturales, que adopte el poder ejecutivo.

El remanido caso de la designación del juez penal, a cargo de  la secretaría Electoral de la provincia de  Buenos Aires no escapa a este embate partidario. En este caso también con ayuda de una buena difusión por los medios de comunicación social, ahora incrementado por el reclamo de los miembros de la alzada electoral a la Corte Suprema de Justicia. Antes, Sanz, Binner, Massa, Cobos, Rodríguez Saa, Michetti, Pinedo, etcétera, posaron “para la foto”.

Se aduce, en el caso, gravedad institucional, incertidumbre, falta de parcialidad y también se atemoriza por un eventual “fraude” en las próximas elecciones.

Es esta una forma más, desleal por cierto, para debilitar desde otro frente al gobierno e incorporar otra forma de la archirremanida “campaña sucia”.

Pero es bueno poner de manifiesto en manos de qué sectores políticos se encuentra la Justicia Electoral nacional y provincial para poner un poco de luz e información veraz sobre el tema.

Actualmente integran la Cámara Nacional Electoral los doctores Santiago H. Corcuera, Alberto R. Dalla Vía y Rodolfo E. Munné.

Veamos. El doctor Rodolfo E. Munné fue designado por el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, de acuerdo al sistema imperante en la época (propuesta del PE y acuerdo del Senado) y conforme al “reparto político de cargos”, en este caso, dos integrantes para el radicalismo (doctores Orlandi y Munné) y uno para el PJ (Rocca).

Por fallecimiento de los doctores Orlandi y Rocca, se llamó, sucesivamente, a dos concursos (luego unificados) que tuvieron lugar en el año 2000, ya con el nuevo sistema de exámenes y oposición que establece la constitución a partir de la reforma de 1994.

Se efectuó este concurso, plagado de irregularidades y arbitrariedades y, en definitiva, se resolvió en forma total y absolutamente política, dejando de lado los propios procedimientos y normas éticas que debían imperar en el único tribunal de alzada específico en materia electoral.

Así lo definía el diario La Nación, en su edición del 3 de junio de 2001: “El conflicto que demora todos los nombramientos (se refiere a 113 cargos en pugna en aquel momento) de raíz eminentemente política, es la designación de los jueces de la Cámara Nacional Electoral”.

Digamos, como el pasar, que unos de los que resultó ganador de ese concurso, el doctor Corcuera, se desempeñaba en aquel momento como secretario General del Consejo de la Magistratura (ente que debía resolver su propia participación) al menos “hasta la designación del jurado que debía intervenir” (SIC).

Esto motivó la impugnación inicial de ese concurso y hasta el desistimiento de uno de los favoritos, por su imparcialidad y conocimientos en la materia, el doctor Otaño Piñeiro, a la sazón juez secretario de dicha Cámara y también de otros abogados de renombre (Sabsay y Loñg, entre otros).

Lo cierto es que el concurso fue convocado y realizado justamente en fechas en los que el entonces joven jurista cumplía con los plazos que establece la Constitución para su postulación

Es más,  un “certificado” expedido por el ministro de la Corte Carlos Fayt (en el cual indicaba que a su criterio el postulante lo asesoraba en materia electoral), resultó suficiente para la acreditación de puntaje que a la postre resultarían vitales para ganar la contienda. En el camino quedaron impugnaciones de muchos participantes (rechazadas sin fundamento y desoídas por la sola circunstancia que el evento no podía paralizarse por mas atendibles que ellas fueran).

Corcuera decía a La Nación que “tenía el aval tanto del PJ como de la Alianza”, no importaban ni los méritos de los contendientes (que seguro los tenían) sino simplemente las apoyaturas políticas.

Seguía La Nación: “¿Cuál es el candidato preferido de la Alianza? Alberto Dalla Vía, camarista bonaerense y destacado constitucionalista, que obtuvo el segundo lugar… Cuenta con el respaldo de un amplio sector del alfonsinismo”.

¿Qué pasaría hoy si abiertamente desde el poder ejecutivo se resolviese designar en un cargo de estas características a un letrado que constase con el beneplácito del gobierno?

Algunos sectores intentaron “colar” al doctor Carlos Colautti y en el camino se dejaron fuera de la contienda a muchos profesionales con aquilatada trayectoria y antecedentes en la materia por la sola circunstancia de no contar con “padrinazgos políticos” o un juez que le extendiera un aval a la medida.

Ahora bien, para poner un poco de luz sobre el tema deberíamos recordar ahora que la  competencia electoral en el distrito provincia de Buenos Aires está divida en tres, a saber:

1) Competencia Federal (ex juez Blanco ahora doctor Durán), entiende en las cuestiones de autoridades partidarias, candidaturas de diputados y senadores nacionales. Es decir, interviene en la elección exclusivamente de las autoridades partidarias de las asociaciones políticas que tienen personalidad jurídico política reconocida. Cuenta con un plantel de más de quinientos empleados, diez secretarios, una suculenta “caja” provista por el ministerio del Interior y por la jefatura de Gabinete provincial (la que es manejada discrecionalmente y sin rendición de cuentas de ninguna naturaleza).

2) Sesenta días antes de las elecciones se conforma la Junta Electoral Nacional, integrada por el juez Federal con Competencia Electoral (ex Blanco), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires  (doctor Soria) y el presidente de la Cámara Federal de La Plata (doctor Vallefin). Este organismo, transitorio, entiende en todo lo referente al "movimiento electoral”, esto es boletas, urnas, escrutinio, etcétera etcétera, y de los dos que hoy la integrarían, se puede decir que al doctor Daniel Soria lo designó el entonces gobernador Felipe Solá (hasta ahora enrolado en el “massismo renovador”). El doctor Vallefín obtuvo su cargo por concurso, luego de su paso por la justicia ordinaria y, se dice, vinculado al doctor Augusto Morello, a la sazón perteneciente a la Democracia Progresista.

Las decisiones de esta Junta Electoral Nacional son revisables por la Cámara Nacional Electoral (ya nos hemos referido a su integración y pertenencia) y, eventualmente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (hoy de cuatro miembros ninguno cercano al gobierno).

3) Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, interviene solamente en candidaturas provinciales, gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, es decir, en el grueso electoral puesto que sirve de base a la pirámide electoral en la cual se ancla la candidatura nacional.

Como en los casos anteriores, se efectuará un somero repaso de sus integrantes

a) Presidente doctor Daniel Soria, hombre puesto por Felipe Sola, no oficialista (es a la vez el presidente de la Corte Provincial e integra la Junta Electoral Nacional).

b) Vocal doctor Eduardo Grimberg, quien responde a las directivas de la UCR, no oficialista (a la vez, presidente del Tribunal de Cuentas).

c) Vocal doctor Francisco Hantokouts, recientemente designado, responde, se dice, a “Tati” Meckievi, de Dolores, no oficialista (presidente de la Cámara Segunda de Apelaciones).

d) Vocal doctora Claudia Milanta, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, reconocida UCR (esposa del doctor Pablo Recca, dirigente radical), quien es reemplazada por el doctor Gustavo De Santis, hombre también de Felipe Solá. Ninguno oficialista.

e) Vocal Eduardo Délves, designado en épocas de Antonio Caffiero, obviamente no oficialista (presidente de la Cámara Penal La Plata).

De lo dicho se desprende enfáticamente que ninguno de los jueces que deberán intervenir en las próximas elecciones  responde al oficialismo.

No obstante, la prensa, ciertos irresponsables y algunos sectores del poder judicial pretenden inducir a la población a pensar que el gobierno “manejará a su antojo” los próximos comicios. (26/2/2015) 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias

VIDEOS